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Huevos podridos y nuestra democracia rota
¿En qué se relacionan 500 millones de huevos y la democracia? El masivo retiro del mercado de huevos infectados con salmonelosis, el retiro más grande en la historia de Estados Unidos, nos permite ver el poder que las grandes corporaciones tienen, no sólo sobre nuestra salud, sino también sobre nuestro gobierno.
Aunque son muchas las marcas que han sido retiradas del mercado, todas pueden rastrearse hasta llegar a sólo dos granjas de producción de huevos. Cada vez más, la provisión de alimentos está en manos de compañías cada vez más grandes que ejercen un enorme poder sobre nuestro proceso político. Así como pasa con la industria alimenticia, sucede también con las petroleras y los bancos: corporaciones gigantescas (algunas con presupuestos más grandes que el de la mayoría de los países) están controlando nuestra salud, nuestro medioambiente, nuestra economía y, cada vez más, nuestras elecciones.
El brote de salmonelosis es sólo el episodio más reciente de una serie de episodios que muestran a una industria alimenticia desenfrenada. Patty Lovera, sub-directora del grupo por la seguridad alimentaria Food & Water Watch, me dijo: “Históricamente, siempre ha habido resistencia por parte de la industria a todo tipo de norma de seguridad alimentaria, ya sea dictada por el Congreso o por otros organismos gubernamentales. Existen grandes asociaciones comerciales para cada sector proveedor de nuestros alimentos, desde los grandes productores agroindustriales hasta las tiendas de comestibles.”
Los huevos contaminados con salmonelosis provenían de sólo dos granjas factoría, Hillandale Farms y Wright County Egg, ambas de Iowa. Detrás de este brote está el emporio del huevo de Austin “Jack” DeCoster. DeCoster es propietario de Wright County Egg y también de Quality Egg, proveedora de pollos y de alimentos para pollos de las dos granjas de Iowa. Patty Lovera afirma que: “DeCoster es un nombre que se escucha mucho cuando uno empieza a hablar con conocedores de la industria del huevo o con personas que provienen de los estados de Iowa, Ohio o de los otros estados en que DeCoster opera. Por eso creemos que DeCoster es el claro ejemplo de lo que sucede cuando tenemos este tipo de concentración y producción a gran escala. No se trata sólo de seguridad alimentaria o sólo de daño ambiental o del trato que reciben los trabajadores. Cuando estamos frente a este tipo de producción masiva, responsable de tantos de nuestros alimentos, se trata de un paquete completo de efectos colaterales negativos.”
La agencia de noticias Associated Press brindó un resumen de las violaciones a las normas sanitarias, de seguridad y laborales presentes en las operaciones de DeCoster con huevos y cerdos en varios estados. En 1997, la empresa DeCoster Egg Farms acordó pagar una multa de dos millones de dólares luego de que el entonces Ministro de Trabajo Robert Reich calificara su granja de “tan peligrosa y opresora como cualquier empresa maquildora.” En 2002, la compañía de DeCoster pagó un millón y medio de dólares para llegar a un acuerdo en referencia a una demanda legal presentada por la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades Laborales en representación de mujeres mexicanas que informaron haber sido sometidas a acoso sexual, incluso violación, abusos y represalias por parte de sus supervisores. Este verano, otra compañía vinculada a DeCoster pagó ciento veinticinco mil dólares al Estado de Maine por acusaciones de trato cruel contra los animales.
A pesar de todo esto, DeCoster ha prosperado en el negocio de huevos y cerdos, lo que lo pone a la altura de otras grandes corporaciones, como BP y los grandes bancos. El derrame de petróleo de BP, el más grande en la historia de este país, estuvo precedido por una larga lista de hechos criminales y graves violaciones a las normas que datan de varios años, una de las más conocidas: la gran explosión de la refinería de la ciudad de Texas que cobró la vida a quince personas en el año 2005. Si BP fuera una persona, habría ido a prisión hace mucho tiempo.
La industria financiera es otro delincuente crónico. Poco tiempo después del mayor desastre financiero mundial desde la Gran Depresión, bancos como Goldman Sachs, llenos de dinero tras el masivo rescate financiero gubernamental, interfirieron en el proceso legislativo que intentaba controlarlos.
El resultado: un nuevo y ampliamente ineficaz organismo gubernamental de protección al consumidor, además de una implacable oposición a la designación, para la dirección de este organismo, de la defensora de los derechos del consumidor Elizabeth Warren, quien supervisaría a los bancos tanto como el nuevo organismo se lo permitiera. Este es el motivo por el cual se oponen a su designación los banqueros, entre ellos, Timothy Geithner y Larry Summers, a quienes el Presidente Obama nombró como Secretario del Tesoro y Asesor Económico, respectivamente.
Se permite a las corporaciones internacionales operar prácticamente sin supervisión ni regulación. Se permite que el dinero de las grandes empresas ejerza influencia sobre las elecciones, y por ende, sobre la conducta de nuestros representantes. Luego de la decisión de la Corte Suprema en el caso presentado por el grupo de derecha Citizens United, que permitirá donaciones corporativas ilimitadas a las campañas, el problema va de mal en peor. Para ser electos y mantenerse en el poder, los políticos deberán satisfacer más y más a sus donantes empresariales. Se podría decir que el zorro vigila al gallinero (y a los huevos podridos que hay en él). Sin embargo, hay esperanza. Existe un creciente movimiento para reformar la constitución de Estados Unidos, para quitar a las corporaciones el estatus legal de “persona jurídica”, concepto por el cual las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas normales.
Esto haría que las corporaciones estuvieran sujetas a la misma supervisión que existió durante los primeros cien años de la historia de Estados Unidos. Pero para que las personas sean las únicas con derecho a la participación política será necesario un verdadero movimiento de base, dado que el Congreso y el gobierno de Obama parecen no ser capaces de implementar ni siquiera los cambios más básicos. Como dice el refrán: “si quieres hacer un omelet, tienes que romper algunos huevos”.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2010 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
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Rotten Eggs and Our Broken Democracy
By Amy Goodman
What do a half-billion eggs have to do with democracy? The massive recall of salmonella-infected eggs, the largest egg recall in U.S. history, opens a window on the power of large corporations over not only our health, but over our government.
While scores of brands have been recalled, they all can be traced back to just two egg farms. Our food supply is increasingly in the hands of larger and larger companies, which wield enormous power in our political process. As with the food industry, so, too, is it with oil and with banks: Giant corporations, some with budgets larger than most nations, are controlling our health, our environment, our economy and increasingly, our elections.
The salmonella outbreak is just the most recent episode of many that point to a food industry run amok. Patty Lovera is the assistant director of the food-safety group Food & Water Watch. She told me: “Historically, there’s always been industry resistance to any food-safety regulation, whether it’s in Congress or through the agencies. There are large trade associations for every sector of our food supply, starting from the large agribusiness-type producers all the way through to the grocery stores.”
The salmonella-tainted eggs came from just two factory farms, Hillandale Farms and Wright County Egg, both in Iowa. Behind this outbreak is the egg empire of Austin “Jack” DeCoster. DeCoster owns Wright County Egg and also owns Quality Egg, which provides chicks and feed to both of the Iowa farms. Lovera describes DeCoster as “a poster child for what happens when we see this type of consolidation and this scale of production.”
The Associated Press offered a summary of DeCoster’s multistate egg and hog operation’s health, safety and employment violations. In 1997, DeCoster Egg Farms agreed to pay a $2 million fine after then-Labor Secretary Robert Reich described his farm “as dangerous and oppressive as any sweatshop.” In 2002, DeCoster’s company paid $1.5 million to settle a lawsuit filed by the federal Equal Employment Opportunity Commission on behalf of Mexican women who reported they were subjected to sexual harassment, including rape, abuse and retaliation by supervisors. Earlier this summer, another company linked to DeCoster paid out $125,000 to the state of Maine over animal-cruelty allegations.
The banking industry is another chronic offender. In the wake of the largest global financial disaster since the Great Depression, banks like Goldman Sachs, flush with cash after a massive public bailout, subverted the legislative process aimed at reining them in.
The result: a largely toothless new consumer-protection agency, and relentless opposition to the appointment of consumer advocate Elizabeth Warren to head it. She would give the banks as much oversight as the new agency would allow, which is why the bankers, including President Barack Obama’s appointees like Treasury Secretary Timothy Geithner and economic adviser Larry Summers, are believed to be opposing her.
The fox, you could say, is watching the henhouse (and the rotten eggs within). Multinational corporations are allowed to operate with virtually no oversight or regulation. Corporate cash is allowed to influence elections, and thus, the behavior of our elected representatives. After the Supreme Court’s Citizens United decision, which will allow unlimited corporate donations to campaigns, the problem is only going to get worse. To get elected, and to stay in power, politicians will have to cater more and more to their corporate donors.
There is hope. There is a growing movement to amend the U.S. Constitution, to strip corporations of the legal status of “personhood,” the concept that corporations have the same rights as regular people.
This would subject corporations to the same oversight that existed for the first 100 years of U.S. history. To restrict political participation just to people will take a genuine, grass-roots movement, though, since Congress and the Obama administration can’t seem to get even the most basic changes implemented. As the saying goes, if you want to make an omelet, you have to break a few eggs.
Denis Moynihan contributed research to this column.
Amy Goodman is the host of “Democracy Now!,” a daily international TV/radio news hour airing on more than 800 stations in North America. She is the author of “Breaking the Sound Barrier,” recently released in paperback and now a New York Times best-seller.
© 2010 Amy Goodman
